Amaia Antxustegi defiende los decretos forales
Amaia Antxustegi, diputada de Acción Social, se ha pronunciado para “distinguir el ruido de la realidad” en relación con dos nuevos decretos forales que regulan el acceso a residencias y estancias para personas con discapacidad y los precios públicos.
Según ha destacado Antxustegi, el objetivo de estas normas es proporcionar al sistema “mayor seguridad jurídica, coherencia y justicia”, subrayando las “desigualdades históricas” y las “inerciales”.
En respuesta a los argumentos en contra, ha afirmado que los gobiernos públicos no son ilimitados y que el objetivo final es ofrecer una ayuda adaptada a las necesidades reales y a la evolución de las fases de vida de los usuarios.
Unidad familiar y eventos económicos
Ha mencionado que, teniendo en cuenta la referencia de la unidad familiar, se busca evitar incentivos a los recursos sociales, especialmente manteniendo las voluntades económicas de las residencias.
No ha faltado, ante las críticas, proporcionar algunos datos para cuestionar ciertos discursos alarmistas. Por ejemplo, la aportación media realizada en estancias el año pasado fue de 4,10 euros diarios, y 265 personas (21,08%) no pagaron nada. Además, de entre 1.257 usuarios, solo 19 alcanzaron el máximo de tasa de permanencia del 12,54%.
La edad no es el único criterio
Antxustegi ha explicado que el pago del precio por la duración de las estancias en el hospital se establece como una medida para garantizar la reserva de recursos. Sin embargo, esta cuestión se construye a partir de la transición que ha existido entre los recursos para personas con discapacidad. Citando un caso ocurrido en Zornotza, ha subrayado que la edad no es el único criterio para esa decisión.
